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Viernes, Diciembre 21, 2018
Seguridad Global

GIEI determina que el Gobierno de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad

Fuente: La Prensa de Nicaragua

TIERRA NOTICIAS. El informe conocido este viernes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado este viernes en Washington, determina que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad desde el estallido de las protestas, el 18 de abril, y advierte que ese tipo de delitos no tienen prescripción y que los responsables no pueden beneficiarse de una amnistía.

“Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y el crimen de persecución”, precisa el informe que tenían programado divulgar en Managua este jueves, pero tuvieron que presentarlo en Washington DC debido a que el miércoles el gobierno nicaragüense les suspendió la estadía en el país.

Sobre los efectos de estos actos, el informe agrega que los crímenes de lesa humanidad “suponen ciertas consecuencias, como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas”, explicaron los miembros del GIEI.

Este tipo de delitos también abre la posibilidad de que “intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma”.

Al menos 109 personas murieron en Nicaragua entre el 18 de abril al 30 de mayo. De estas, 95 se produjeron por disparos de armas de fuego provocando impactos en cráneo, cuello y tórax, actos que respondieron a una política de represión impulsada por la máxima autoridad del Estado. Por ello, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), recomienda se investigue la responsabilidad en dichos hechos al dictador Daniel Ortega, en su calidad de jefe supremo de la Policía Orteguista (PO).

Sumado a las víctimas mortales, más de 1,400 heridos y más de 690 detenidos se registraron en ese mismo período, reflejó el informe final del GIEI que fue presentado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, después que el régimen orteguista los expulsara este miércoles.

De los más de 1, 400 heridos, al menos 599 fueron por herida de arma de fuego, hecho que brinda una dimensión del uso de armas de fuego en el contexto de la protesta social, expusieron los expertos. El GIEI asegura que la violencia por parte del Estado no consistió en actos aislados, sino que se hizo de forma organizada en diferentes momentos y lugares.

Es así, que la gran mayoría de las muertes por disparo de arma de fuego se desarrollaron en acciones represivas llevadas a cabo por la Policía Orteguista (PO) y grupos paraestatales, se lee en el informe. Dichas aseveraciones las obtuvieron con base a la narración de eventos y la información disponible de cada una de las víctimas.

“Se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado”, enfatiza el GIEI. Por ello, determinó que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la PO, cuyos efectivos actuaron de forma directa y coordinada con grupos armados paraestatales.

La información que recolectó el GIEI demostró que hubo coordinación entre diversas áreas de la PO, incluyendo regiones, departamentos y agentes policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), que ha tenido un rol central en la represión en todo el país.

Ese nivel de articulación sólo se puede explicar por una decisión tomada por las máximas autoridades, por ello, además de Ortega, recomendó investigar a su consuegro, Francisco Díaz, director general de la PO y Aminta Granera, exdirectora de la PO, así como los subdirectores generales, Ramón Avellán, y Adolfo Marenco, entre otras figuras de la represión.

Los expertos también constataron que la policía desarrolló una política de “detención arbitraria e ilegítima”, que fue masiva e indiscriminada contra hombres, mujeres y adolescentes en las “razzias policiales (ataques)”. A esto se sumó un uso desproporcionado de la fuerza sobre los presos políticos, además de denuncias sobre sometimiento a condiciones inhumanas en los reclusorios.

Como parte de los relatos obtenidos, se describen formas de tortura y agresiones sexuales que deben ser investigados cuando existan las condiciones institucionales adecuadas, indicó el grupo de trabajo. Existió un patrón de denegación del acceso a la justicia a las víctimas de arbitrarias detenciones, indicó.

Justicia solo para orteguistas

De las 109 muertes registradas por el GIEI del 18 de abril al 30 de mayo, cien casos no han sido judicializados; siguen impunes. Los otros nueve fueron llevados a procesos judiciales, pero de estos, seis corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado o partido de gobierno.

“En los procesos iniciados en contra de estudiantes, líderes campesinos y sociales se ha hecho uso legítimo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado, entre otros, para perseguir y sancionar a actos de oposición al gobierno”, expone el GIEI.

En ese sentido, el GIEI ha constatado la existencia de patrones de comportamiento en los procesos de criminalización, en donde, “la congruencia entre los hechos y la adecuación típica de las conductas es inexistente”.

Pese a las diferentes evidencias que señalan la posible responsabilidad de la fuerza de seguridad, no se ha iniciado ningún proceso judicial en contra de estos. Los expertos aseguran que la Fiscalía “no actuó de una forma objetiva e imparcial, no agotó todas las líneas de investigación y acusó a personas que podrían ser inocentes, algunas de las cuales ya han sido condenadas”.

En la investigación de las 109 víctimas han existido deficiencias como ausencia de procesamiento de escenas del crimen, la ausencia de la realización de necropcias o su práctica vulnerando los estándares internacionales en la materia. El GIEI asegura que “el Estado de Nicaragua ha infringido su deber de debida diligencia respecto a la investigación de los casos de  muertes violentas del 18 de abril al 30 de mayo de 2018”.

Depurar el sistema de justicia 

El GIEI asegura que el sistema de justicia no utilizó adecuadamente las leyes para defender a los derechos de la población víctima de las violaciones a los derechos humanos. Se convirtió en “una herramienta de criminalización de la protesta social”. Por esa razón,  recomendó investigar y depurar el sistema de justicia de aquellos jueces y demás funcionarios que vulneraron el debido proceso, o que no hayan cumplido con mantener su independencia del poder político.

Asimismo indica que se inicie una reforma integral de las instituciones orientadas a modificar las condiciones que generaron y ahondaron en la represión y persecución política. Además, de “depurar la institución policial”, separando a aquellos mandos que participaron de la violación a derechos humanos.

Los expertos también recomendaron la implementación de un Plan Integral de Reparaciones (PIR), además de investigar y destituir a los funcionarios que hayan participado en la violación a los derechos humanos.

Todo esto también pasa por el desarme inmediato de los grupos armados paraestatales, que deben ser investigados y la depuración de la institución policial.

El informe final es producto de entrevistas con víctimas de la represión, testigos presenciales de los hechos violentos, familias afectadas, organizaciones, revisión de miles de documentos, consultas con expertos internacionales y la revisión de más de diez mil archivos, solo en material audiovisual. El GIEI oficialmente acaba su trabajo con este informe. Su misión terminaba el 3 de enero.

El estallido social 

La represión gubernamental contra los jóvenes que protestaban por la fallida reforma a la seguridad social produjo un aumento notorio en las protestas.

Así lo define el GIEI: “Frente al fracaso de este método tradicional de represión y al incremento de las manifestaciones, el Estado dio inicio a partir de los días 19 y 20 de abril a un etapa represiva de mayor intensidad que implicó, como patrón general, el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza que incluía la utilización de armas de fuego, entre ellas, armas de guerra. Las armas se dirigieron directamente contra los manifestantes. Esto se verificó en diversos escenarios en los que la población civil desarrollaba acciones de protesta: en marcha o concentraciones en la vía pública, en tomas de universidades y en cortes de calles (barricadas o tranques)”.

Minsa no atendió a heridos

El GIEI recopiló numerosa y variada información a través de la que afirmó la existencia de severas irregularidades y denegación del servicio de atención médica estatal a las personas heridas a partir del 18 de abril.

Por ello, los expertos recomendaron investigar a la ministra de salud, Sonia Castro, además de investigar en la dirección de cada hospital público, qué rol jugó la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud)-la que es dominada por el diputado orteguista, Gustavo Porras-.

Desde el 18 de abril, la respuesta del Estado a las protestas “se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”. Esto se basa en la cantidad de víctimas, en la gravedad de las acciones represivas, y en la existencia de otros patrones por parte del Estado. Afirman que Estado de Nicaragua ha realizado “crímenes de lesa humanidad”.

Estos incluyen a los asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución. Cuando hay crímenes de lesa humanidad, persiste la imposibilidad de dictar amnistía que pretendan impedir los juicios o condenas, explica el GIEI.

 
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