TIERRA NOTICIA. La Fiscalía solicitó que los 14 detenidos por derribar estatua de Chávez en Zulia pasen a jurisdicción ordinaria y no militar; la Sala Plena del TSJ deberá decidir.

Además de insistir en la ilegalidad e inconstitucionalidad del procesamiento de civiles ante la justicia militar, los abogados defensores de las personas presentadas ante esa jurisdicción denuncian vicios.

Revelaron incongruencias en las actas policiales e imputación de delitos que, al tener su equivalente en la jurisdicción civil, son aplicados en su acepción militar. También es reiterada la imposición de defensores públicos, la imposibilidad de acceso a los expedientes, presuntos tratos crueles, detenciones arbitrarias y contradicciones en las actas policiales.

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, denunció que los tribunales militares se constituyen en los comandos de la GNB, y los funcionarios que practican las detenciones se encuentran presentes y armados en las audiencias de presentación.

El primer caso de civiles presentados ante una corte militar se registró entre el 10 y el 11 de abril en el estado Lara. En esa ocasión, ocho personas fueron llevadas ante el Tribunal 7° de Control Penal Militar de Lara. El fin de semana del 5, 6 y 7 de mayo la práctica comenzó a generalizarse. Desde entonces, al menos 172 personas han sido presentadas ante jueces militares en Carabobo; 4 en Caracas, 1 en Vargas, 20 en Falcón, 19 en Zulia y otros 2 en Lara.

Algunos casos. Laura Valbuena, del Foro Penal-Zulia, explicó que 5 cuerpos policiales participaron en la detención de 16 personas por derribar una estatua de Chávez en Villa del Rosario, pero según el acta, 8 de ellos fueron capturados juntos y en flagrancia aunque no fue así: el hecho ocurrió el viernes 5 y las detenciones se registraron el sábado. "Les quieren imputar de rebelión y ultraje al centinela, aunque no existe ningún centinela agredido", relató. En Maracaibo otras 3 personas fueron llevadas a la corte militar: un manifestante y 2 indigentes.

Pedro Troconis, del Foro Penal-Lara, explicó que los ocho primeros ciudadanos pasados a jurisdicción militar en ese estado se encontraban en el estacionamiento de los edificios Yukpa y Los Álamos, frente al CORE 4, en una zona popular de Barquisimeto: "Los hechos que refleja el acta corresponden al delito de instigación pública, un delito civil; sin embargo, imputaron ataque al centinela y violación de zona de seguridad militar, aunque no se identifica cuál centinela fue atacado y estas personas estaban en su residencia".

Andrés Colmenárez, de la ONG Funpaz, advierte: "La justicia militar está actuando contra personas de estratos socioeconómicos muy bajos: vigilantes, obreros, estudiantes humildes. Todo para criminalizar la protesta".

Gonzalo Himiob, del Foro Penal-Caracas, asiste al grupo familiar integrado por Carmen Salazar, Ramses García y Oswaldo García, presentados el martes ante un tribunal militar en Fuerte Tiuna. Denunció que se le impidió a la defensa ingresar a la audiencia: "Se les impuso un defensor público, aunque sus abogados estábamos aquí", dijo. Les imputaron traición a la patria e instigación a la rebelión.

En el caso de Falcón, el Tribunal Militar 9° de Control ha pasado a juicio a 8 de 20 estudiantes detenidos por protestar el fin de semana, y los mandó a Ramo Verde. La medida se dictó en ausencia de los abogados defensores.