TIERRA NOTICIAS. La ministra del Interior de la República de Ecuador, María Paula Romo, aseguró este jueves que el exsuperintendente de Comunicación (Supercom) de ese país, Carlos Ochoa y la exasambleísta ecuatoriana, Sofía Espín, huyeron a Bolivia para iniciar el tramite de un asilo político ante ante el Gobierno de Evo Morales.

“Les puedo confirmar que ambas personas se encuentran en Bolivia, mientras en el Ecuador son requeridos para responder a la Justicia. Los procedimientos, son procedimiento en el marco de la cooperación internacional, se piden tanto a nivel de policías como a nivel de jueces, dependiendo del tipo de difusión que requiera la Interpol, y luego depende también depende de la decisión de los países de cumplir con la Ley o de la decisión de los países de, qué hacer respecto de las solicitudes de ciudadanos, como en este caso, están siendo buscados por la Justicia ecuatoriana”, aseveró la Ministra del Interior de Ecuador.

Romo hizo estás declaraciones en la noche de este 31 de enero del 2019, en la Asamblea Nacional a donde fue convocada para dar un informe oral en la Comisión de Relaciones Internacionales.

Los dos exfuncionarios son requeridos por la justicia ecuatoriana, porque existen procesos judiciales en su contra.

La exlegisladora Espín es investigada por el delito de “oferta de realizar tráfico de influencias”.

El pasado 24 de septiembre de 2018, Espín junto con una abogada visitaron en la cárcel a la exagente , Diana Falcón, que es testigo y también investigada como autora del secuestro del exlegislador Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012. En este caso también está procesado el expresidente Rafael Correa.

Según la versión de la exagente, las dos mujeres, Espín y la abogada, le ofrecieron asilo en Bélgica si se retractaba de su testimonio contra el expresidente Rafael Correa, procesado en el caso Balda.

En el caso de Ochoa, el pasado 24 de enero del 2019, el juez Marco Rodríguez ordenó prisión preventiva contra el extitular de la Supercom.

En la diligencia se conoció que se encuentra fuera del país desde octubre del 2018. Por eso la Fiscalía solicitó que se notifique a la Policía Internacional (Interpol) para que detengan al exfuncionario.

Ochoa es procesado por supuesta falsificación de la Ley de Comunicación para sancionar a medios de comunicación.

En su gestión, la Supercom imprimió 300 000 textos de bolsillo de la Ley, en los que se observa la corrección del segundo inciso de la transitoria sexta de la norma, con la cual se emitieron resoluciones en contra de 11 medios de comunicación.

La ministra Romo dijo también que se realizan "los trámites que corresponden para comunicarle al Estado de Bolivia que en ambos casos son personas requeridas por la justicia".