Por Edgar Ramos Andrade

1. Los anunciados "créditos blandos" para los agro-empresarios del oriente, por $us.150 millones (con dinero de los trabajadores y sus aportes a las AFPs) se parecen cada vez más al Fondo Indígena, solo que ahora los deudores llevan corbata. El gobierno central dio el primer paso y fue inmediata la reacción de las organizaciones sindicales, como maestros, docentes de la UPEA y la Central Obrera Boliviana COB.

2. El Ampliado Nacional de los Trabajadores, realizado en Sucre el 19 de enero de 2017, rechazó otorgar ese crédito con dinero del aporte jubilatorio de los trabajadores, porque "no advertimos reales garantías del retorno de esos recursos de ese crédito debido a factores como el climático o la amenaza de plagas".

3. En su anuncio del 16 de enero de 2017, el Ministro Luís Arce omitió hablar de las garantías que el gobierno central exigirá a esos empresarios para prestarles el dinero de todos los trabajadores. Cuando un banco presta plata, nos pide: Hipoteca, Letra de Cambio, "garantía real" de terreno u otros. Pero a esos agro-empresarios... nada. ¿Tienen con qué garantizar ese eventual préstamo? ¿Son dueños de las tierras que cultivan? ¿Están tituladas esas tierras? ¿O quiénes son los verdaderos dueños...?

4. En su rechazo, la COB argumenta que esos agro-empresarios "permanentemente vulneraron los derechos de los trabajadores del agro". Eso nos recuerda al trabajo de la zafra (cosecha de caña de azúcar) a donde acuden miles de campesinos y migrantes pobres, dentro y fuera de Bolivia. Allí, las condiciones laborales (salario, alimentación en la fuente de trabajo, cuidado de hijos menores) son deprimentes.

5. La COB también recuerda que "entre las beneficiarias (del pretendido crédito para los agro-empresarios) están instituciones agroindustriales que en el pasado estuvieron vinculadas con la derecha política". Es alusión a Branco Marinkovic, ex presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y su directa influencia en la dirigencia (político-empresarial) aglutinada en CAO, ANAPO, CAINCO y otros, entidades ahora mimadas por el gobierno.

6. Y ante la negativa del Gobierno hacia la COB, de responder a tres exigencias (caso gerente de la Caja Nacional de Salud CNS, créditos a los agro-empresarios y Preavisos) la COB se declaró en Estado de Emergencia y convocó a un nuevo Ampliado.

7. Pero los maestros urbanos ya se movilizaron, el viernes 10, para rechazar a intención del gobierno de otorgar esos "créditos (demasiado) flexibles".

8. Lo mismo hicieron, el martes 14, los docentes y administrativos de la Universidad Pública de El Alto UPEA en su marcha "contra el uso del 5% del Fondo de Pensiones para créditos agropecuarios porque atentan a la integridad familiar".

9. Pero esos agro-empresarios están muy endeudados, casi quebrados. A sus proveedores de insumos les adeudan $us.474 millones según la Carta Abierta al Presidente Evo Morales, publicada en El Deber el 14 de agosto de 2016. Esa deuda no está regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera ASFI; es un turril sin fondo que sería repuesta por el dinero de los trabajadores que aportamos a las AFPs. Y más de la mitad de esa deuda, de privado a privado, fue contraída por unos 300 empresarios agrupados en CAO. ANAPO, y CAINCO. De todos ellos, solo el 20% son bolivianos...

10. En Bolivia, esa micro-burguesía es factor de (recurrente) poder acomodaticio. A nivel internacional es "cola de ratón" de multinacionales como Cargill, Bunge y otros, que dominan el mercado agropecuario boliviano, desde Brasil y otros países. Además, esos agro-empresarios aportan poco a la seguridad alimentaria en Bolivia, porque exportan: soya, sorgo y otras oleaginosas...

CONTINUARÁ.

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